La pregunta se repite al salir del supermercado: ¿cómo puede costar tanto una compra que antes parecía normal? Para una familia con poco margen, cambiar de marca, reducir cantidades o dejar determinados alimentos ya no es una elección cómoda. Es una manera de llegar a final de mes.
Ver una bandeja de pollo cerca de los 10 euros por kilo invita a buscar culpables: el supermercado, el Gobierno, Bruselas o las guerras. Pero una explicación útil debe seguir toda la cadena. Culpar a uno sin comprobar los costes puede producir un buen discurso y una mala solución.
El gran debate: ¿qué puede hacer el Gobierno para abaratar alimentos sin arruinar al productor, deteriorar la calidad o gastar ayudas que no lleguen al consumidor? Y si se reducen los conflictos internacionales, ¿podemos esperar que nuestra compra vuelva a costar lo de antes?
Análisis con fuentes consultadas el 13 de octubre de 2026. Los ejemplos de precios y cálculos se identifican como ilustrativos; no constituyen un estudio nacional de establecimientos.
Ocho años en una tabla: lo que costaba 100 ya no cuesta 100
La comparación utiliza agosto de 2018 y agosto de 2026, exactamente ocho años. Agosto es el último mes con detalle definitivo disponible al preparar esta revisión. No se presenta 2026 como un año cerrado. Las series enlazadas del INE permiten comparar el mismo mes y evitan mezclar bases estadísticas.
Resultado calculado sobre los índices oficiales: IPC general +28,1 %; alimentos y bebidas no alcohólicas +41,8 %. La cifra del 26,7 % no debe publicarse como resultado de cualquier comparación «2018–2026»: el mes elegido cambia el resultado. Para este intervalo concreto, el encarecimiento alimentario supera claramente al general.
Para visualizar el recorrido, expresamos cada índice con agosto de 2018 = 100. Son índices relativos, no tickets reales ni una cesta de productos seleccionada por esta web.
| Agosto de cada año | IPC general | Alimentos y bebidas no alcohólicas |
|---|---|---|
| 2018 | 100,0 | 100,0 |
| 2019 | 100,3 | 101,0 |
| 2020 | 99,8 | 103,2 |
| 2021 | 103,1 | 105,2 |
| 2022 | 114,0 | 119,6 |
| 2023 | 117,0 | 132,2 |
| 2024 | 119,6 | 135,6 |
| 2025 | 122,8 | 138,6 |
| 2026 | 128,1 | 141,8 |
Cálculo editorial: índice de cada agosto dividido por el de agosto de 2018, multiplicado por 100; redondeo a una décima. Fuente: INE, índices nacionales generales y de grupos, base 2025.
El salto acumulado importa más para el presupuesto que un único dato mensual. Moderar una subida posterior no deshace los aumentos anteriores. Y un periodo en el que algunos precios bajan puede quedar muy lejos de compensar el encarecimiento completo.
Qué significa para una familia: 300 euros de comida pasan a unos 425
Ejemplo de equivalencia con el índice alimentario: un gasto de 300 euros al mes en agosto de 2018 necesitaría aproximadamente 425,40 euros en agosto de 2026 si evolucionara como ese índice, usando el 41,8 % redondeado. Son 125,40 euros más al mes, equivalentes a 1.504,80 euros al año si se mantuviera esa diferencia durante doce meses.
No es el gasto medio observado de todas las familias ni la reconstrucción de un ticket idéntico: los hogares cambian cantidades, marcas y hábitos. Precisamente ahí aparece parte del deterioro cotidiano. Gastar una cantidad parecida puede significar comprar menos, renunciar a productos o consumir calidad diferente.
Con el IPC general del 28,1 %, unos ingresos de 1.000 euros necesitarían llegar a 1.281 para conservar una capacidad de compra equivalente frente a ese índice. Mantener 1.000 euros supondría perder aproximadamente un 21,9 % de capacidad de compra, no un 28,1 %: la pérdida se calcula dividiendo por el nuevo nivel de precios.
Incluso una subida nominal de ingresos del 20 % dejaría una pérdida real aproximada del 6,3 % frente a ese encarecimiento general. Son ejemplos matemáticos, no una afirmación sobre la evolución salarial de todos los españoles. Para evaluar un hogar hay que comparar su renta neta, sus gastos y sus ayudas.
Café, huevos y carne: cuando el promedio oculta subidas mucho mayores
El estudio de OCU publicado en septiembre de 2026 compara precios recogidos en abril y mayo. Su cesta acumula un 39,5 % desde 2021; los frescos, un 44 %, y las carnes, un 46,8 %. No es el IPC alimentario del INE ni utiliza el mismo inicio de 2018.
| Referencia del estudio OCU | Subida desde 2021 |
|---|---|
| Cesta OCU | 39,5 % |
| Carnes analizadas | 46,8 % |
| Café molido mezcla económico | 142 % |
| Huevos M | 135 % |
| Huevos L | 123 % |
| Chocolate con leche en tableta | 101 % |
Son categorías y referencias concretas, no porcentajes aplicables a cualquier café o carne. OCU también registra bajadas en parte de los productos y cadenas en su comparación más reciente. Fuente y metodología: estudio de supermercados OCU 2026.
La implicación es clara: quien compra con frecuencia los productos que más se encarecen puede notar una presión superior al promedio. Pero no corresponde sumar el 39,5 % de OCU y el 41,8 % del INE: son comparaciones distintas que se solapan.
Energía desde 2018: electricidad, gas y carburantes no siguen el mismo camino
Las clases del IPC muestran esta variación entre agosto de 2018 y agosto de 2026:
| Clase del IPC | Variación acumulada |
|---|---|
| Electricidad | +22,6 % |
| Gas | +1,6 % |
| Combustibles y lubricantes para vehículos personales | +38,7 % |
Cálculo sobre la tabla de clases del IPC del INE. «Gas» es la clase estadística indicada; «combustibles y lubricantes» incluye distintos productos para vehículos personales, no solo una gasolina concreta.
La foto final tampoco muestra todo lo soportado durante el camino. En agosto de 2022, el índice de electricidad se situaba aproximadamente un 78 % por encima de agosto de 2018. Después hubo descensos y nuevos repuntes. El coste elevado ya pagado durante esos meses no desaparece cuando se abarata una factura posterior.
No toda energía ha aumentado igual ni sin interrupciones. Un índice de gas cercano al punto de partida en dos meses concretos puede convivir con facturas personales mayores por consumo, tarifa o temporadas. Lo contrario también puede ocurrir.
La factura de la luz: el pico de 2022 no fue una subida permanente idéntica
OCU publica la siguiente evolución de su referencia de factura PVPC. Es una referencia de tarifa y consumo, no el recibo medio de todos los hogares españoles:
| Año | Factura mensual de referencia OCU |
|---|---|
| 2018 | 67,21 € |
| 2019 | 62,33 € |
| 2020 | 56,28 € |
| 2021 | 79,11 € |
| 2022 | 105,48 € |
| 2023 | 60,26 € |
| 2024 | 61,90 € |
| 2025 | 69,34 € |
| 2026, media provisional publicada | 69,74 € |
El promedio de 2022 supera en un 56,9 % al de 2018; la media provisional de 2026, en un 3,8 %. Pero no indica estabilización: OCU publica 86,22 euros para septiembre de 2026. La media anual provisional y un mes concreto responden a preguntas diferentes. Fuente: OCU, evolución de la factura, actualización del 2 de octubre de 2026.
El 3,8 % de esta referencia no contradice el 22,6 % del índice de electricidad: cambian indicador, cobertura y comparación temporal. No debemos presentarlos como dos cálculos intercambiables.
El balance político: el calendario no demuestra por sí solo quién causó cada subida
Estos ocho años permiten exigir cuentas al Gobierno por sus decisiones fiscales, ayudas, regulación y respuesta a los problemas de oferta. También permiten evaluar decisiones europeas y la conducta empresarial. Pero que un encarecimiento coincida con un mandato no demuestra que cada aumento haya sido causado exclusivamente por sus políticas.
La crítica más útil compara qué costes podían evitarse, qué medidas llegaron a tiempo y cuáles trasladaron alivio real. El ciudadano no tiene por qué conformarse con que «la inflación baja» cuando sigue comprando menos. Tampoco ayuda prometer que un cambio de Gobierno devolverá automáticamente todos los precios al pasado.
Pollo a 10 euros: importa qué estamos comparando
No es lo mismo un pollo entero que pechuga deshuesada, filetes preparados, una referencia ecológica o una bandeja pequeña. Cambian el rendimiento, el trabajo de preparación, el envase y el precio por kilo. Los 10 euros citados por lectores no deben presentarse como el precio medio oficial de todo el pollo en España. Para medir una subida necesitamos el mismo producto, establecimiento y periodo, o una estadística representativa.
Esto no invalida el malestar. Un producto habitual puede hacerse difícil de pagar aunque existan opciones más baratas. Y un hogar con niños, necesidades nutricionales específicas o poco tiempo para cocinar no siempre puede sustituir cualquier alimento por el de menor precio.
Comparar exige mirar precio por kilo, calidad y cantidad efectiva. Una bandeja que cuesta lo mismo pero contiene menos también encarece la compra por unidad. Una promoción puntual, por el contrario, no demuestra que haya bajado toda la cesta.
Inflación más baja y precios más bajos son cosas diferentes
En agosto de 2026, el INE sitúa la variación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas en el 2,3 %. Es el dato de ese mes y ese grupo, no el aumento acumulado desde antes de las crisis ni la subida de cada alimento. Fuente: INE, IPC de agosto de 2026.
Si una cesta ficticia pasa de 100 a 110 euros y al año siguiente sube un 2 %, cuesta 112,20 euros. La inflación se ha moderado, pero los precios siguen aumentando. Para volver a 100 euros desde 110 haría falta una caída del 9,09 %, no simplemente dejar de subir.
También puede aumentar la tasa interanual aunque algunos precios bajen ese mes, si un año antes habían bajado más. Por eso conviene distinguir variación mensual, anual y acumulada.
La recuperación del poder adquisitivo no exige necesariamente que todos los precios regresen al pasado: puede llegar si los ingresos crecen más que los gastos. El problema es que esa recuperación no sucede al mismo tiempo para todos y el coste de vivienda puede absorberla.
Del pienso al lineal: dónde se forma el precio
Una pieza de carne incorpora alimentación del animal, cuidados veterinarios, trabajo, instalaciones, sacrificio, refrigeración, transformación, transporte, tienda, pérdidas y fiscalidad. El precio final no es únicamente el coste de criar el animal más un beneficio del supermercado.
El Banco de España identifica el encarecimiento energético y fenómenos meteorológicos extremos entre los factores del aumento alimentario de los últimos años. Su análisis de abril de 2025 también explica que la composición de la cesta española, con mayor peso de productos como el aceite de oliva, influye en la comparación con otros países. Fuente: Banco de España.
En ganadería, un pienso caro puede encarecer la producción aunque la gasolina de esa semana baje. En horticultura, una mala cosecha puede reducir oferta aunque el transporte se abarate. Y una empresa alimentaria sigue pagando personal, maquinaria y alquileres cuando baja una materia prima.
La diferencia entre origen y destino no equivale automáticamente a beneficio. Para descubrir abusos hay que separar costes y márgenes de cada eslabón, y comparar productos equivalentes. Tampoco una lista extensa de costes demuestra que cualquier precio esté justificado.
¿Europa abandona el campo o lo sostiene con demasiadas condiciones?
Decir que la Unión Europea no invierte en agricultura y ganadería es incorrecto. El Consejo de la UE cifra la Política Agrícola Común en 386.600 millones de euros para 2021-2027. Financia ayudas y desarrollo rural; los Estados intervienen en su gestión. El Consejo también recoge cambios de 2024 destinados a flexibilizar requisitos y reducir burocracia. Fuente: Consejo de la Unión Europea.
Eso no demuestra que cada explotación reciba apoyo suficiente o que el diseño sea óptimo. El debate razonable pregunta quién cobra, cuánto tarda, qué obligaciones asume y si las ayudas permiten una actividad viable. Tener presupuesto no garantiza resolver todos los problemas del campo.
Las normas sanitarias, ambientales y de bienestar animal pueden exigir inversiones y trámites; también protegen salud, recursos naturales y calidad. Para atribuirles una parte concreta del encarecimiento habría que calcularla, no sumar todas las restricciones bajo una misma etiqueta.
Las importaciones tampoco pueden describirse en bloque como alimentos sin controles. Hay requisitos de acceso y seguridad alimentaria, mientras que determinadas condiciones laborales, ambientales o de producción pueden diferir. Conviene exigir cumplimiento y estudiar diferencias reales, sin confundir toda importación con competencia ilegal.
Una propuesta útil sería evaluar cargas, simplificar las redundantes y facilitar inversiones que ahorren agua y energía. Si se exige transformar una explotación, hay que valorar costes, plazos y financiación. Proteger al agricultor y ofrecer alimentos asequibles deben formar parte de la misma política.
¿Son culpables los supermercados? No basta con mirar el beneficio total
La cifra propuesta de un margen neto del 1,5 % al 3 % «por centro» no puede aplicarse a todas las cadenas sin cuentas comparables. Las memorias suelen informar del grupo o de sociedades, no del resultado de cada tienda. Un margen bruto tampoco es lo mismo que un beneficio neto.
Como referencia histórica, la memoria de Mercadona de 2023 comunicó un beneficio neto del 3,1 % sobre ventas. Es una empresa, un ejercicio y una medida concreta: no el margen actual universal de la distribución. Fuente: memoria de Mercadona de 2023.
Un pequeño porcentaje sobre mucho volumen puede producir un gran beneficio absoluto. Ambas cosas son compatibles. Pero el porcentaje tampoco demuestra por sí solo que se cobre de manera abusiva: hay que estudiar competencia, costes, condiciones de compra y evolución del margen.
La CNMC analizó la rebaja del IVA alimentario de enero de 2023 y no encontró indicios de problemas sistemáticos de traslación en los datos examinados. Es evidencia sobre aquella medida, no una garantía de conducta futura de cada establecimiento. Fuente: estudio E/CNMC/003/23.
Investigar y publicar datos sirve más que señalar culpables de antemano. Deben vigilarse conductas anticompetitivas y prácticas ilegales, con pruebas. También conviene reconocer las rebajas cuando se producen, aunque no compensen todo el encarecimiento anterior.
Por qué una bajada de costes puede tardar en llegar
Los precios no tienen por qué reaccionar todos el mismo día. Puede haber existencias compradas caras, contratos de suministro, coberturas, ciclos de crianza o campañas agrícolas. Una bajada del coste actual afecta primero a nuevas compras y después, según el producto, al coste de venderlo.
También puede ocurrir que una empresa utilice una mejora para recuperar margen perdido durante la subida. La competencia y la facilidad para cambiar de proveedor influyen en cuánto y cuándo se traslada al consumidor. Estas son explicaciones posibles que deben comprobarse en cada mercado.
Se habla de asimetría o del efecto «cohetes y plumas» cuando las subidas se trasladan más deprisa que las bajadas. No es una ley que obligue a todos los alimentos a subir inmediatamente y jamás bajar. Para probarla hacen falta series de costes y precios, plazos y un método que distinga otros cambios.
La pregunta adecuada es: si han caído varios costes relevantes y ha pasado tiempo suficiente, ¿por qué este producto mantiene el precio? Una respuesta documentada permite separar un retraso justificable de falta de competencia o de otras causas.
Ucrania, Irán y petróleo: ¿la paz abarataría la compra?
Una reducción duradera de los conflictos podría aliviar riesgos sobre energía, rutas comerciales, seguros y determinadas materias primas. Pero terminar una guerra no garantiza automáticamente combustible barato ni cosechas abundantes. Importan daños, sanciones, capacidad de producción, inventarios y decisiones de los proveedores.
En un escenario favorable podrían abaratarse algunos insumos y productos. El traslado al supermercado sería desigual y podría tardar. Si mientras tanto aumentan otros costes o aparece un nuevo problema de oferta, parte de la mejora quedaría compensada.
El petróleo influye en transporte y actividad agraria, pero no es el único factor. El gas puede importar en fertilizantes y procesos industriales; la electricidad, en frío y transformación. Piensos, agua, enfermedades animales y cosechas también pueden alterar el precio de la comida.
La paz sería una oportunidad para reducir costes y riesgos, no una promesa de volver a los precios de 2019. Debemos exigir que las mejoras verificables lleguen al consumidor, sin vender una fecha de abaratamiento que nadie puede asegurar.
Impuestos: no todo lo que pagamos en comida es fiscalidad
La Ley del IVA establece tratamientos distintos. La carne destinada a alimentación, incluido el pollo, se encuadra con carácter general en el 10 %. Productos como pan, determinadas leches, huevos, frutas y verduras naturales y aceite de oliva están en el 4 % según las categorías legales. No debe confundirse la alimentación con un supuesto 50 % de impuestos. Fuente: Ley del IVA, artículo 91.
En una compra ilustrativa de carne a 10 euros con IVA del 10 %, la base es 9,09 euros y el IVA aproximadamente 0,91. Quitar ese IVA, manteniendo la base y trasladando íntegramente la rebaja, dejaría el precio en 9,09: un ahorro del 9,09 %, no del 10 % del precio final.
La eliminación del impuesto puede ayudar, pero no reduce de golpe el coste del pienso, del frío ni del trabajo. Y las cotizaciones o impuestos pagados por empresas no pueden sumarse como si cada uno fuera una carga adicional idéntica sobre el ticket: hay que estudiar su incidencia.
Las rebajas temporales de 2023 y 2024 afectaron a determinados alimentos; no fueron una eliminación general del IVA de toda la comida. El retorno de tipos puede encarecer esos productos respecto al periodo de rebaja. El aceite de oliva, además, pasó al 4 % de manera permanente desde enero de 2025. Fuente: Agencia Tributaria.
Si la gasolina duplica su precio, ¿Hacienda cobra un 50 % más?
No existe esa regla. El IVA es proporcional a su base, pero el impuesto sobre hidrocarburos se establece habitualmente por cantidad de combustible. Su cuota por litro no aumenta automáticamente porque se encarezca el producto; puede cambiar por una modificación legal.
De hecho, el Real Decreto-ley 25/2026 regula tipos por 1.000 litros para octubre y contempla rebajas respecto a los anteriores a marzo, con una evolución posterior para noviembre y diciembre. Por tanto, tampoco es correcto afirmar que el Gobierno nunca ha reducido impuestos sobre carburantes. Fuente: BOE, Real Decreto-ley 25/2026.
El siguiente cálculo es ficticio: utiliza un IVA del 21 % y un impuesto fijo inventado de 0,40 euros por litro para explicar la mecánica. No reproduce los tipos temporales vigentes de ningún carburante concreto. Se supone la misma cantidad vendida y tipos constantes.
| Por litro | Precio inicial | Precio duplicado |
|---|---|---|
| Precio final | 1,50 € | 3,00 € |
| IVA incluido: precio × 21/121 | 0,26 € | 0,52 € |
| Impuesto fijo ilustrativo | 0,40 € | 0,40 € |
| Total de esos dos impuestos | 0,66 € | 0,92 € |
El IVA por litro se duplica, pero el conjunto de ambos impuestos aumenta aproximadamente un 39,4 %, usando valores sin redondear. No un 50 % ni un 100 %. La recaudación total depende además de litros vendidos, deducciones y otros elementos: si cambia el consumo, tampoco basta calcular una compra individual.
La proporción fiscal en el precio final varía con producto, precio y tipos. No hay un «más del 50 %» universal. El debate puede exigir alivio fiscal, pero debe partir de la cuenta correcta.
Qué puede hacer el Gobierno, además de culpar a la distribución
Estas alternativas merecen evaluación; ninguna resuelve todos los costes por sí sola:
- Alivio fiscal con seguimiento. Delimitar productos, duración y coste presupuestario de una rebaja. Comparar su traslado a precios y decidir cómo financiarla. Una medida general beneficia también a hogares que no necesitan apoyo.
- Ayudas accesibles a quienes no llegan. Apoyos rápidos a hogares vulnerables pueden focalizar recursos mejor, aunque hay que reducir retrasos y exclusiones. La cobertura y la capacidad de comprar alimentos son resultados más útiles que contar anuncios.
- Menos costes evitables en el campo. Revisar trámites repetidos, facilitar inversiones eficientes y mejorar respuesta ante problemas de oferta. Evaluar qué ahorro real puede trasladarse y en qué plazo.
- Control de toda la cadena. Publicar información comparable y perseguir infracciones. La Ley de la Cadena Alimentaria exige que el precio contractual percibido por el productor primario supere su coste efectivo en los términos previstos. Abaratar no debería consistir en trasladar la pérdida al ganadero. Fuente: Ley 12/2013.
- Más competencia y menos barreras innecesarias. Facilitar alternativas comerciales y mejorar transparencia por unidad de medida. Investigar acuerdos ilegales sin confundir un precio parecido con una prueba automática de pacto.
- Reducir desperdicio y vulnerabilidad. Mejorar logística, almacenamiento y prevención de pérdidas. Los incentivos deben comprobar cuánto ahorran y cómo beneficia ese ahorro al consumidor.
¿Se pueden fijar precios máximos por ley?
La regla general del comercio minorista es la libertad de precios. Sin embargo, el artículo 13 de la Ley 7/1996 contempla intervenciones del Gobierno, previa audiencia de los sectores afectados, para supuestos como productos de primera necesidad y otras circunstancias previstas. No es correcto decir que todo control sea jurídicamente imposible. Su diseño debe respetar el conjunto del marco legal. Fuente: Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
La dificultad también es económica. Un límite por debajo de costes puede reducir oferta, deteriorar calidad o trasladar precios a otros productos. Compensar a productores evita algunos riesgos, pero necesita dinero y controles. Un tope mal diseñado puede convertirse en una promesa que deja un producto barato sobre el papel y difícil de encontrar.
Para valorar cualquier intervención habría que publicar objetivo, duración, financiación, indicadores de suministro y criterios de retirada. Ni prohibir toda regulación ni defender cualquier límite sin estudiar sus efectos ofrece una solución suficiente.
El debate que sí merece la pena
Una familia necesita poder alimentarse; un productor, trabajar sin pérdidas; y una tienda, cubrir costes y seguir abierta. La política debe buscar ese equilibrio y justificar sus prioridades. El presupuesto no es infinito, pero eso no impide revisar impuestos, ayudas y gastos.
¿Qué medida debería aplicarse primero para abaratar la cesta? Vota en la encuesta y explica tu propuesta en los comentarios. Si compartes un precio, indica fecha, corte o variedad, cantidad y precio por kilo. Así podremos comparar experiencias sin convertir un ticket aislado en la situación de todo el país.
Preguntas frecuentes
¿Una inflación menor significa que baja mi compra?
No. Puede significar que los precios suben más despacio. La bajada requiere una variación negativa del precio que estés comparando.
¿Los 10 euros por kilo son el precio medio de todo el pollo?
No se puede concluir eso de una bandeja. Importan corte, presentación, calidad, tienda y fecha.
¿El petróleo explica todo el encarecimiento?
No. También intervienen oferta agraria, alimentación animal, energía de otros tipos, trabajo, transformación y distribución.
¿La paz garantiza volver a los precios anteriores?
No. Podría aliviar costes y riesgos, pero otros factores y los plazos de traslado condicionan el resultado.
¿Todos los supermercados tienen el mismo margen?
No. Deben compararse cuentas, ejercicios y conceptos equivalentes. El margen de un grupo no describe necesariamente cada tienda.
¿Eliminar un IVA del 10 % baja un precio final un 10 %?
Con base constante y traslado íntegro, lo reduce un 9,09 %. El impuesto se calcula sobre la base, no sobre el precio final.
¿Todo el impuesto del carburante aumenta con su precio?
No. Hay que separar IVA y cuota por cantidad. Además, el total recaudado depende del volumen vendido.
¿La encuesta de lectores representa a los españoles?
No. Es una participación voluntaria para debatir y carece de representatividad estadística nacional.
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España crece, pero el bolsillo no: autónomos, empleo y pobreza · Encuestas y prioridades de los españoles.
¿Qué medida debería ser prioritaria para hacer más asequible la cesta de la compra?
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Opinión de los participantes; encuesta no representativa. Debate abierto sin fecha de cierre.
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Redacción de Debate Popular · Edición y responsabilidad editorial: Jorge Ballesteros García
Este artículo distingue hechos contrastados, análisis político y económico y opinión editorial. Las decisiones discutidas se analizan con las pruebas disponibles y la norma aplicable. El mismo criterio se aplica a todos los partidos, gobiernos e instituciones.
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