Aviso legal

Última actualización: 11 de octubre de 2026.

Identificación del titular

Titular

Jorge Ballesteros Garcia

NIF

38456008P

Domicilio

Calle Montaña de Mar 66-3, 1.º 1.ª

Correo electrónico

ballnav@hotmail.com

Sitio web

https://www.debatepopular.com/

El titular actúa como persona física y no a través de una sociedad mercantil. La web desarrolla una actividad editorial. Los acuerdos comerciales y de financiación, si existen, se identificarán expresamente.

Puede establecer una comunicación directa mediante el correo anterior o el formulario de contacto.

Objeto y condiciones de uso

El sitio publica noticias, debates y análisis sobre política, geopolítica y economía cotidiana. La navegación implica la aceptación de este aviso y el compromiso de utilizar el sitio lícitamente, sin dañar su funcionamiento ni los derechos de terceros.

Los criterios de elaboración, verificación, corrección y uso de recreaciones visuales se detallan en la Política editorial, fuentes, rectificación e inteligencia artificial, que forma parte de la información legal del sitio.

Precios, disponibilidad y enlaces externos

Las estadísticas se presentan con su fuente y contexto. Las interpretaciones y notas editoriales son opiniones razonadas, no decisiones oficiales de una competición.

Debate Popular no controla las condiciones ni los contenidos de sitios externos y no interviene en las operaciones realizadas en ellos. Esta limitación no excluye la responsabilidad legal que corresponda por los contenidos propios de esta web.

Propiedad intelectual e industrial

Los textos, el diseño, el código y las imágenes originales o generadas para Debate Popular están protegidos por la normativa aplicable. Las marcas, nombres de producto y materiales de terceros pertenecen a sus respectivos titulares y se utilizan con finalidad informativa o conforme a las autorizaciones aplicables.

Modificaciones y legislación

El titular puede actualizar los contenidos y estas condiciones para reflejar cambios legales o funcionales. Este sitio se rige por la legislación española, sin perjuicio de los derechos imperativos que correspondan a consumidores y usuarios.