Después de más de ocho años en La Moncloa, el PSOE tiene que responder a una pregunta incómoda: si la vivienda, las facturas o los servicios siguen siendo un problema para tantas familias, ¿qué cambiaría para que otros cuatro años ofrecieran un resultado distinto?
Su balance contiene decisiones que han mejorado la protección de trabajadores y pensionistas. También incluye cambios de posición, una prolongada prórroga presupuestaria y objetivos que no pueden darse por cumplidos con un anuncio. El debate merece confrontar ambas caras: qué ha hecho, qué no ha resuelto y qué razones justificarían renovar o retirar la confianza.
Índice: promesas, resultados y el debate de otros cuatro años
Más de ocho años de Sánchez: un mismo presidente, varias etapas y distintas mayorías
Pedro Sánchez tomó posesión el 2 de junio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. No llegó entonces como resultado de unas elecciones generales ganadas ese año por el PSOE. Posteriormente hubo nuevas elecciones, investiduras y coaliciones. RTVE: toma de posesión de 2018.
Por eso, ocho años de presidencia no son dos legislaturas completas ni ocho años de mayoría absoluta. La etapa incluye un Gobierno socialista en solitario, la coalición con Unidas Podemos desde 2020 y la de PSOE y Sumar desde 2023. La investidura de noviembre de 2023 reunió 179 votos, de partidos diferentes. Congreso: sesión de investidura de 16 de noviembre de 2023.
La precisión no elimina responsabilidades. Quien dirige el Ejecutivo debe explicar qué consiguió con los apoyos que aceptó y qué no pudo sacar adelante. Los socios, las crisis internacionales y las competencias autonómicas condicionan la gestión, pero no convierten el balance en algo ajeno al presidente.
De los vetos a los pactos: ¿adaptación parlamentaria o desgaste de la palabra dada?
Existe un cambio documentado en la posición de Sánchez sobre Podemos. En septiembre de 2019 justificaba su rechazo a determinadas condiciones de una coalición alegando que no dormiría tranquilo. Después de las elecciones de noviembre, acordó el Gobierno conjunto que se constituyó en 2020. Declaración recogida por RTVE y formación de la mayoría de 2020.
Otro antecedente es su rechazo a pactar con Bildu en una entrevista de 2015, frente a la posterior relación de acuerdos parlamentarios con EH Bildu. Esa evolución está documentada en la reconstrucción de esa relación publicada por EL PAÍS.
Hay que distinguir coalición de gobierno, acuerdo de investidura, apoyo presupuestario y coincidencia en una votación. No son el mismo compromiso. Tampoco es preciso identificar automáticamente a una formación legal y a todos sus votantes con ETA. El pasado de personas concretas y las relaciones históricas pueden someterse a escrutinio sin confundir categorías.
Los acuerdos con fuerzas independentistas y la aprobación de la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía permiten discutir concesiones, igualdad y convivencia. Que una ley esté publicada no significa que todos sus efectos estén agotados ni resuelve cualquier litigio sobre su aplicación.
La defensa socialista de estos acuerdos es reconocible: sin mayorías absolutas, negociar permite formar gobierno y aprobar medidas. La crítica también: si antes se presentó una alianza como inaceptable, no basta con llamarla necesaria cuando hace falta para la investidura. Hay que explicar qué cambió y qué límites siguen vigentes.
Opinión editorial: Pactar es legítimo. Presentar como principios inamovibles unas condiciones que después desaparecen tiene un coste de credibilidad que el gobernante debe asumir.
Lo que sí se ha hecho: negar los avances tampoco sirve para evaluar al PSOE
Un balance crítico pierde fuerza si afirma que no se ha hecho nada. Hay cambios verificables:
| Ámbito | Avance comprobable | Qué queda por evaluar |
|---|---|---|
| Salario mínimo | De 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 en 2026, en 14 pagas y para jornada completa: 485,10 euros más, un 65,9 % nominal aproximadamente. | Ganancia real tras inflación, cumplimiento, empleo y efectos sobre negocios con menor productividad. |
| Pensiones | La Ley 21/2021 estableció la actualización de las contributivas según la variación media del IPC establecida en su fórmula legal. | Poder de compra de cada hogar y sostenibilidad de la financiación. |
| Protección de ingresos | Creación del ingreso mínimo vital en 2020 y regulación mediante la Ley 19/2021. | Cobertura efectiva, tiempos, acceso y reducción de pobreza. |
| Mercado laboral | Reforma pactada en 2021 con sindicatos y patronales, con cambios en contratación y negociación colectiva. | Estabilidad efectiva, horas, salarios, productividad y situaciones de inactividad. |
Fuentes: SMI de 2018, SMI de 2026, reforma de pensiones, ingreso mínimo vital y reforma laboral. El SMI inicial de 2018 se aprobó con el Gobierno anterior: es la referencia de partida, no una subida atribuible a Sánchez.
Además, la EPA del segundo trimestre de 2026 sitúa la ocupación en 22.779.000 personas y la tasa de paro en el 9,87 %. Son indicadores relevantes. No prueban que cada empleo sea suficiente para vivir ni que todo el resultado se deba al Gobierno: también intervienen empresas, trabajadores, demografía y contexto económico. INE: EPA del segundo trimestre de 2026.
Estas medidas ofrecen argumentos reales a quien defienda la continuidad. También permiten exigir una segunda evaluación: cuánto bienestar producen, quién queda fuera y cómo se pagan. Aprobar una prestación o cambiar un contrato no resuelve por sí solo vivienda, pobreza o productividad.
El argumento de la continuidad: ¿qué puede responder el PSOE?
La defensa más sólida de otros cuatro años parte de medidas concretas: el suelo salarial, la protección de las pensiones frente al IPC y las reformas laborales y sociales ya examinadas. Quien las valore puede preferir consolidarlas antes que cambiar de modelo. El PSOE presentó su programa de 2023 precisamente como una propuesta para seguir avanzando. Es un argumento partidista que debe contrastarse con resultados.
También puede defender que la fragmentación parlamentaria obliga a negociar y que un relevo con PP y Vox abriría diferencias importantes sobre determinadas políticas. Esta es una reconstrucción del argumento favorable a continuar, no una declaración nueva atribuida al Ejecutivo. La oposición, a su vez, debe explicar qué medidas mantendría y cuáles sustituiría.
La réplica crítica es directa: conservar avances no exige dar por buena toda la gestión. Si se pide tiempo para vivienda, servicios o estabilidad presupuestaria, hay que demostrar qué obstáculo desaparecerá y cómo. ¿La continuidad ofrece un plan distinto y viable o vuelve a aplazar las mismas respuestas?
La prueba de las promesas: anunciar, aprobar y entregar son cosas distintas
El PSOE presentó en su programa de 2023 el objetivo de construir 183.000 viviendas públicas. Es un compromiso que puede contrastarse con su propia comunicación. Para evaluarlo hay que distinguir viviendas anunciadas, financiadas, licitadas, iniciadas, terminadas y efectivamente ocupadas. PSOE: presentación del programa de julio de 2023.
Esta revisión no dispone de una auditoría homogénea y completa que permita cerrar un porcentaje de cumplimiento de ese compromiso a octubre de 2026. No lo presentamos como cumplido, pero tampoco inventamos que se hayan entregado cero viviendas. Exigimos un inventario público con ubicación, estado, plazo y destinatarios, evitando contar varias veces una misma actuación.
| Compromiso o materia | Qué se puede acreditar | Juicio que permite |
|---|---|---|
| Mejorar el suelo salarial | Subida normativa del SMI. | Avance concreto; no aumento equivalente de todos los salarios. |
| Proteger pensiones frente al IPC | Cambio legal de su fórmula de actualización. | Protección específica; no garantía de holgura económica individual. |
| Reforma laboral | Aprobación del Real Decreto-ley 32/2021. | Reforma efectiva; no derogación íntegra de toda la regulación anterior. |
| Vivienda asequible | Ley 12/2023 y compromiso electoral de vivienda pública. | Hay actuaciones; la norma y el anuncio no acreditan el resultado habitacional prometido. |
| Estabilidad para ejecutar un programa | Presupuesto de 2023 prorrogado para 2026. | Debilidad para renovar el acuerdo presupuestario; no ausencia de toda actividad pública. |
La Ley 12/2023 de vivienda es un hecho legislativo, no una prueba automática de abaratamiento. El INE registró una subida interanual del 12,2 % en los precios de compra de vivienda en el segundo trimestre de 2026. Ese índice no mide alquileres ni demuestra por sí solo qué proporción del encarecimiento causó una ley, pero sí impide confundir actividad normativa con accesibilidad conseguida. INE: precios de vivienda.
La prórroga presupuestaria: conseguir la investidura no equivale a sostener una legislatura
Decir que Sánchez nunca aprobó presupuestos durante toda su presidencia sería incorrecto: se aprobaron las cuentas de 2021, 2022 y 2023.
La crítica actual tiene una base distinta: Hacienda publica para 2026 la prórroga del presupuesto procedente de 2023. La Constitución permite prorrogar cuentas. No es una ilegalidad, pero sostenerla durante varios ejercicios debilita la renovación anual de prioridades y la negociación política que debería respaldarlas.
Las modificaciones de crédito y otras normas permiten seguir gestionando. No sustituyen por completo la claridad de un presupuesto nuevo. La pregunta para otro mandato es quién apoyará las cuentas, con qué programa y a cambio de qué compromisos públicos.
Una investidura puede ser perfectamente legítima y dar lugar a una mayoría insuficiente para otras decisiones. Responsabilizar a los socios de sus votos es razonable; prometer estabilidad sin explicar cómo se recompondrá esa mayoría resulta menos convincente.
Por qué mejorar una estadística no garantiza llegar mejor a fin de mes
Para una familia, el balance tiene una fórmula sencilla: ingresos disponibles menos vivienda, suministros, alimentación, transporte, impuestos y otros gastos necesarios. Una mejora salarial puede quedar parcialmente absorbida por esos pagos. Eso debe calcularse con importes comparables, no suponerse igual para todos.
Ejemplo ilustrativo, no hogar medio oficial: si los ingresos netos mensuales pasan de 1.300 a 1.600 euros, pero los gastos esenciales de 1.100 a 1.450, el margen baja de 200 a 150 euros. Se ingresan 300 euros más y quedan 50 menos. Otro hogar, con vivienda pagada y gastos diferentes, puede mejorar con la misma subida.
El Gobierno responde por impuestos y políticas que están en su mano. No fija por sí solo el petróleo, los tipos de interés o cada precio. Sí debe explicar cómo amortigua costes, aumenta oferta y mejora servicios. La experiencia del ciudadano no puede descartarse porque un agregado vaya bien; tampoco una experiencia individual demuestra que todo el país haya empeorado.
Si puede aprobar decretos, ¿por qué no arregla de inmediato vivienda, fronteras y servicios?
Porque el presidente no puede cambiar cualquier ley por decisión personal. Los decretos-leyes se aprueban por el Gobierno ante extraordinaria y urgente necesidad, tienen límites y deben someterse al Congreso en el plazo constitucional de treinta días. Otras reformas exigen procedimiento legislativo, mayorías específicas o acuerdos territoriales. Constitución, artículo 86.
El Estado tiene competencias sobre extranjería y fronteras. Urbanismo y vivienda implican competencias autonómicas, planeamiento y gestión municipal, junto a las facultades estatales que correspondan. Sanidad y educación también tienen un reparto de responsabilidades. Un presidente no puede eliminar ese mapa por conveniencia.
Eso no significa inmovilismo. Puede proponer reformas, utilizar suelo estatal, negociar financiación e infraestructuras, coordinar actuaciones y publicar sus resultados. Disponer de suelo urbanizable tampoco equivale a disponer mañana de viviendas: hacen falta servicios, urbanización, licencias, financiación y construcción.
La crítica más útil exige identificar el obstáculo y quién puede removerlo. Si faltan mayorías, debe explicarse. Si hay recursos sin ejecutar, debe justificarse. Y si una competencia es ajena, hay que mostrar qué coordinación se intentó, no limitarse a señalar al otro.
La UE establece marcos comunes, pero no decide cada licencia ni cada partida de gasto español. Forma parte de la negociación política defender cambios europeos y aprovechar el margen nacional, sin prometer poderes que España no ejerce en solitario.
DANA, incendios y Ceuta: el voluntariado no exonera a las instituciones
La ayuda vecinal y el voluntariado merecen reconocimiento. Su presencia no demuestra que no actuara ninguna administración: en la DANA hubo despliegues y programas públicos, recogidos en los balances oficiales del Gobierno. Es información del propio Ejecutivo que debe contrastarse con ejecución y experiencia de afectados.
La evaluación necesita horas, alertas, decisiones, medios disponibles, solicitudes y respuesta en cada fase. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil contempla colaboración estatal y dirección nacional en los supuestos previstos; no obliga a esperar a cambiar la Constitución para coordinar una emergencia.
Que hubiera intervención no demuestra que fuera suficiente o puntual. Y que hubiera fallos tampoco permite borrar el trabajo de profesionales públicos. Las responsabilidades deben fijarse con pruebas y por administración, sin repartir toda culpa según el color político.
En Ceuta, además de la gestión local y asistencial, hay responsabilidades estatales fronterizas y diplomáticas y obligaciones de protección. No se puede resolver una situación compleja suspendiendo derechos mediante un decreto genérico. Tampoco es aceptable que la complejidad sirva de excusa indefinida. El análisis específico está en nuestro debate sobre Ceuta y la gestión de la frontera.
¿Solo le quedan los pensionistas? Ayudas, intereses y la acusación de comprar votos
No puede concluirse que al PSOE solo lo sostengan pensionistas sin una encuesta representativa, con fecha y muestra suficientes. Tampoco una protesta de ganaderos, docentes o autónomos significa que todo ese colectivo vote igual o esté descontento por las mismas razones.
Un pensionista puede valorar la actualización de su prestación; un trabajador, el SMI; un empresario, la demanda o la estabilidad. Considerar el efecto de una política en la propia vida es parte del voto democrático. No convierte a esos ciudadanos en personas compradas o incapaces de juzgar otras cuestiones.
Se puede criticar el calendario electoral de un anuncio, su financiación o el uso partidista de recursos públicos. Pero una política general de pensiones o ayudas no equivale por sí sola a compra de votos en sentido delictivo. Esa acusación exige hechos específicos.
La exigencia editorial es otra: explicar cuánto cuesta una promesa, quién la financia y qué efectos tiene después de las elecciones. También debe distinguirse un derecho ya reconocido de una nueva concesión atribuida al candidato.
¿Cambiar cada ocho años es sano? La alternancia ayuda cuando hay una alternativa evaluable
La posibilidad real de sustituir al Gobierno limita la complacencia. No existe, sin embargo, una regla democrática que convierta toda continuidad en abuso o toda alternancia en mejora. El electorado puede renovar un mandato; el Ejecutivo no adquiere derecho a conservarlo.
Una renovación puede aportar equipos y prioridades diferentes. También puede deshacer políticas útiles o repetir fallos. El contraste exige preguntar al PP y a las demás alternativas qué mantendrían, qué cambiarían, con qué mayoría y cuánto costaría. El mismo examen debe aplicarse al PSOE.
La autocrítica creíble tendría que verse en decisiones. Proponemos pedir a quien aspire a continuar:
- Un balance de compromisos cumplidos, parciales y pendientes con documentación verificable.
- Una explicación de los cambios de posición y los límites de los futuros pactos.
- Un acuerdo presupuestario viable y prioridades con financiación.
- Responsables, hitos semestrales y correcciones para vivienda, servicios y ayudas.
- Controles internos, transparencia y consecuencias políticas ante irregularidades acreditadas, respetando la presunción de inocencia.
Esto es una propuesta de rendición de cuentas, no la afirmación de que el partido haya aprobado ya esas medidas. Una investigación penal tampoco acredita culpabilidad; la responsabilidad política y la penal deben analizarse por separado.
Nuestra opinión: después de ocho años, la promesa necesita más pruebas
El PSOE tiene resultados que defender y problemas importantes por los que responder. Negar la subida del suelo salarial o el cambio de las pensiones sería injusto. Presentarlos como respuesta suficiente a vivienda, servicios y coste de vida también lo sería.
Nuestra crítica principal es que la experiencia acumulada obliga a ofrecer una explicación más exigente. Si la misma vivienda asequible reaparece en cada campaña, el ciudadano tiene derecho a preguntar qué impidió cumplir, qué se ha corregido y qué hará diferente al próximo intento.
Los cambios de socios pueden ser legítimos y necesarios. Cuando contradicen vetos anteriores, necesitan algo más que una apelación a frenar al adversario. Y una mayoría capaz de investir debe explicar por qué no consigue renovar presupuestos y cómo evitará repetir esa debilidad.
Opinión editorial: Haber hecho cosas buenas no concede un cheque en blanco. Tener problemas pendientes tampoco demuestra que la alternativa sepa resolverlos. La confianza debe ganarse con resultados y compromisos comprobables.
¿Por qué confiar otros cuatro años? Hay un argumento si se quieren preservar medidas que funcionan y se ofrece una corrección creíble de lo que falla. ¿Por qué cambiar? Hay un argumento si se considera agotada esa capacidad y existe una alternativa mejor fundamentada. Ni el miedo al relevo ni la promesa del relevo deberían sustituir ese examen.
Participa: ¿qué tendría que demostrar el PSOE para merecer otro mandato? Vota en la encuesta y cita un compromiso, un resultado o una medida concreta. También puedes defender el cambio: explica qué debería hacer distinto el siguiente Gobierno.
Preguntas frecuentes sobre el balance del PSOE
¿Sánchez lleva dos legislaturas completas con mayoría absoluta?
No. Es presidente desde junio de 2018 y ese período incluye elecciones, distintas legislaturas, coaliciones y apoyos parlamentarios variables. No ha tenido mayoría absoluta propia del PSOE.
¿Nunca se aprobaron presupuestos durante su presidencia?
Sí se aprobaron los de 2021, 2022 y 2023. La crítica actual es la prolongación de la prórroga de las cuentas de 2023, publicada por Hacienda para 2026.
¿Cuánto ha subido el SMI entre 2018 y 2026?
De 735,90 a 1.221 euros mensuales, en 14 pagas y a jornada completa: 485,10 euros, aproximadamente un 65,9 % nominal. No es el salario neto ni la mejora real de todos los trabajadores.
¿Se ha cumplido la promesa de vivienda pública?
El programa de 2023 anunció 183.000 viviendas. Esta revisión no dispone de un recuento completo y comparable de entregas para cerrar su cumplimiento. Anunciar, financiar, construir y adjudicar no equivalen.
¿Puede el presidente cambiar cualquier ley mediante un decreto?
No. Los decretos-leyes tienen requisitos, límites materiales y control parlamentario. Otras reformas requieren leyes y mayorías específicas, y el reparto de competencias no desaparece por decisión presidencial.
¿Una subida de pensiones es comprar votos?
No por sí misma. Se puede discutir su financiación y comunicación electoral. Una acusación de compra de votos exige hechos concretos diferentes de aprobar una política general.
¿Pactar con varios partidos hace ilegítimo un Gobierno?
No. La investidura sigue reglas parlamentarias. Sí es legítimo exigir transparencia sobre concesiones, coherencia con el programa y capacidad posterior para gobernar.
¿La alternancia garantiza que España mejore?
No automáticamente. Permite sustituir gestores y exigir cuentas. Sus resultados dependen del programa, los equipos, la financiación y los apoyos de la alternativa.
Revisión editorial: 18 de octubre de 2026. Las fuentes normativas acreditan medidas aprobadas, no todos sus resultados. Se distinguen datos, declaraciones históricas, propuestas y opinión editorial. Este artículo evalúa continuidad y responsabilidad de gobierno; no sustituye los análisis específicos de pensiones, Ceuta o sistema electoral.
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Redacción de Debate Popular · Edición y responsabilidad editorial: Jorge Ballesteros García
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